Trabajé en la administración pública universitaria, donde vivencié de primera mano cómo el estatuto funcionario genera distorsiones que terminan afectando tanto a las personas como a las instituciones. Profesionales con contratos renovados año tras año, siempre en la incertidumbre de si seguirán o no; equipos técnicos completos que operan bajo la figura de contrata sin perspectiva real de estabilización; y plantas que quedaron congeladas en el tiempo mientras las necesidades institucionales cambiaron radicalmente. Esta experiencia cotidiana me permite afirmar que el problema no son solo los gobiernos de turno o sus prácticas discrecionales, sino el modelo mismo con el que gestionamos el empleo público en Chile.