Carlos Williamson Benaprés, economista, ex director del Servicio Civil (2010-2014) y actual rector de la Universidad San Sebastián, publicó recientemente una columna que pone el dedo en la llaga sobre un problema estructural de nuestra gestión pública: el estatuto funcionario chileno requiere una revisión estructural urgente. No se trata solo de corregir abusos puntuales. El problema es que operamos con un marco legal diseñado para una administración estatal de mediados del siglo pasado.
Más allá del título, “Lo que la ‘ley de amarre’ deja al descubierto», que hace directo énfasis a la contingencia reciente, lo relevante es todo lo que desmenuza: que la concursabilidad en el sector público queda a discreción de las jefaturas, la inversión en capacitación carece de criterios estratégicos, el personal a honorarios opera sin las garantías del régimen estatutario, y las contrataciones a contrata funcionan como mecanismos de permanencia precaria. Además, que el empleo público carece de un sistema que vincule desempeño con estabilidad laboral.
Aunque la Contraloría abordó en 2022 el tema de los honorarios —ordenando el traspaso a contrata de quienes llevaban más de dos años en esa condición—, esa medida resolvió solo una arista. El verdadero nudo está en la figura de contrata: funcionarios que necesitan cinco años para alcanzar cierta estabilidad, siempre bajo la amenaza de no ser renovados. Esto genera precariedad laboral y obliga a las instituciones a mantener dotaciones rígidas.
Y luego está la planta, esa figura que garantiza estabilidad pero estanca la administración. ¿Cuántos servicios públicos operan con plantas diseñadas hace décadas, incapaces de adaptarse a nuevas realidades?
La solución no pasa por precarizar más el empleo público ni por mantener privilegios anacrónicos. Pasa por diseñar un sistema moderno de indemnización por año de servicio que permita gestionar dotaciones con agilidad profesional. Un modelo que vincule permanencia con desempeño, ofrezca garantías sin anquilosar la gestión, y reconozca que la administración pública debe ser tan dinámica como el contexto en que opera.
